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La construcción de una piscina en España es un proyecto emocionante que agrega valor y disfrute a cualquier propiedad en La Costa del Sol. Sin embargo, es crucial seguir un proceso adecuado para evitar problemas legales a largo plazo. En este blog, Welex, despacho de abogados y economistas en Marbella, exploraremos los pasos necesarios para obtener las licencias y permisos requeridos, así como la importancia de la legalización en caso de construcciones sin autorización.

El primer paso será contratar a un técnico competente que te asista en la solicitud de las requeridas licencias para la construcción de una piscina en España. Este deberá de solicitar ante el Ayuntamiento competente una Licencia de Obra mayor, presentando un proyecto técnico y de ejecución en los cuales se deberá de hacer constar lo siguiente:

 

  • Memoria descriptiva.
  • Memoria constructiva.
  • Cumplimiento del código técnico de edificación.
  • Cálculo de estructura e instalaciones.
  • Información geotécnica del terreno.
  • Estudio de seguridad y salud.
  • Plan de control de calidad.
  • Gestión de residuos de la construcción.
  • Información geotécnica del terreno.

 

Si de la documentación recibida, el Ayuntamiento comprueba que el proyecto cumple con las normativas vigentes locales, se le concederá Licencia de Obra mayor para la construcción de la piscina en España.

 

Con la licencia concedida, puedes proceder con la construcción de la piscina siguiendo el proyecto técnico aprobado. Una vez finalizada la obra, es crucial firmar la declaración de obra nueva ante notario en España. Además, se recomienda inscribir la piscina en el registro de la propiedad para validar la construcción frente a terceros y asegurar su legalidad en España.

 

Si por alguna razón la piscina se construyó sin las licencias requeridas en España, es posible legalizarla. Para ello, es fundamental contar con un técnico competente que elabore un proyecto técnico de legalización, cumpliendo con la normativa vigente. El proceso incluirá el pago de tasas e impuestos municipales.

 

Una vez aprobado por el ayuntamiento de Marbella, se deberá de firmar la declaración de Obra nueva ante notario y recomendamos inscribirlo en el Registro de la Propiedad para dotarle de validez frente a terceros.

 

La Declaración de Obra nueva, como hemos mencionado, tanto si la piscina se ha construido con Licencia de Obras, como si se ha legalizado con posterioridad, se deberá de firmar la Escritura de Obra nueva ante notario en España. Esta declaración de Obra mediante el otorgamiento de escritura pública está sujeta a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.

 

Desde Welex despacho de abogados y contables en Marbella, España, podemos asistirte en la firma de la declaración de Obra nueva, en la inscripción de la piscina en el Registro de la propiedad, catastro y en la presentación de los impuestos arriba mencionados.

 

¡Confía en nuestros abogados expertos en propiedades en La Costa del Sol para un proceso legal impecable y tranquilo en la construcción de tu piscina en España!

Welex, despacho líder de abogados y economistas de Marbella, explicará en detalle la normativa para conducir el patinete eléctrico en España.

El patinete eléctrico es un vehículo propulsado exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad de diseño entre 6 y 25 km/h.

Antes de conducir un patinete eléctrico en España, es importante conocer las normas que deben cumplir los usuarios de vehículos de movilidad personal cuando circulan por zonas urbanas y hacerlo de forma segura.

También hay que tener en cuenta que, a partir del 22 de enero de 2024, todos los patinetes que estén en el mercado en España, deberán estar certificados para su uso y a partir del 22 de enero de 2027, sólo podrán circular aquellos patinetes que cumplan con lo establecido en el Manual de Características de los VMP (Vehículo de Movilidad Personal) y que por tanto tengan un número de certificado VMP de la DGT. La DGT ha publicado una lista de todos los VMP certificados que puede consultar en la página web de la DGT para garantizar la máxima seguridad al comprador.

 

 

La legislación local de cada ciudad puede regular la circulación de los patinetes eléctricos de forma específica en España. Sin embargo, todos los usuarios deben cumplir ciertas condiciones mínimas, que se describen a continuación.

– La velocidad de estos patinetes debe estar comprendida entre 6 km/h y 25 km/h.

– La DGT ha elaborado el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, un documento normativo que recoge las características técnicas que deben reunir los VMP para poder circular por la calzada y la exigencia de que estos vehículos estén homologados por las autoridades competentes en España.

– No pueden circular por aceras y no están permitidos en vías interurbanas, intersecciones, autopistas, autovías o túneles urbanos en España.

– Sus conductores están sujetos a los mismos niveles máximos de alcohol permitidos por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con drogas en el organismo.

– No se les permite llevar auriculares ni utilizar el teléfono móvil u otro dispositivo mientras conducen.

– La reciente ley de tráfico en España obliga a los conductores de vehículos motorizados de dos ruedas a llevar cascos de seguridad, con condiciones que se establecerán en reglamentos. La DGT ya está trabajando en este desarrollo reglamentario en colaboración con los municipios y las partes interesadas.

Se exige que el patinete eléctrico en España disponga de:

  • Sistema de frenado
  • Avisador acústico (bocina).
  • Luces traseras, delanteras y dispositivos reflectantes.
  • También se recomienda el uso del casco, aunque la normativa municipal no lo exija.
  • Seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos en España

Infracciones y multas asociadas al patinete eléctrico en España.

  1. Conducir un patinete eléctrico en España bajo los efectos del alcohol y otras drogas puede acarrear una multa de entre 500 y 1.000 euros, en función de la tasa de alcoholemia, o de 1.000 euros si hay drogas implicadas. En caso de dar positivo, el vehículo también será detenido, al igual que el resto de vehículos en España.
  2. Por utilizar un teléfono móvil mientras se conduce un patinete o cualquier otro dispositivo de comunicación, la multa es de 200 euros en España.
  3. Por llevar auriculares, conducir de noche sin luces o prendas reflectantes, o no llevar casco, si la ordenanza municipal exige esta medida, la multa será de 200 euros.

Mantenimiento de un patinete eléctrico en España.

El patinete eléctrico en España necesita un mantenimiento regular. No se recomienda utilizarlo si hay piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste, o si hay ruidos al girar u otros síntomas anormales. En tales casos, póngase en contacto con un taller.

Compruebe también el estado y la presión de los neumáticos si tienen cámara de aire. Utilice un paño húmedo para la limpieza y evite las piezas eléctricas. No cargue nunca la batería durante la noche, ya que podría sobrecalentarse e incendiarse. La carga debe realizarse antes de que la batería esté completamente vacía y nunca cuando el scooter esté mojado o húmedo.

Si necesita asesoramiento sobre esta nueva ley de movilidad personal en España, o sobre cualquier tema de índole fiscal o jurídica, contacte con nuestra firma de abogados Welex en Marbella. No dude de contactar con nuestras oficinas, nuestro equipo estará encantado de darle el asesoramiento que necesita.

En este artículo, uno de nuestros profesionales de Welex, firma líder de abogados y economistas en La Costa del Sol, va a explicar en detalle qué documentación es necesaria para otorgar una Escritura de Aceptación y Adjudicación de herencia ante notario en España.

 

En primer lugar, queremos advertirle de que en el caso de fallecimiento de la persona fuera de España, en el caso de que los diversos documentos necesarios sean emitidos por autoridades fuera del territorio español, los documentos deberán contar con Apostilla de la Convención de la Haya.

 

La legalización mediante apostilla consiste en añadir al documento público emitido por la autoridad de su país una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961. A efectos aclaratorios le informamos que los documentos que se apostillan son los documentos judiciales, documentos administrativos y documentos notariales.  Por otro lado, le indicamos que los documentos emitidos por un funcionario diplomático o consular no pueden ser apostillados.

 

 

  1. Certificado de defunción con Apostilla

 

Este documento, expedido por la autoridad competente de su país, dará fe de la fecha y lugar en que se ha producido la defunción. En el caso de fallecimiento fuera de España, necesitaremos el certificado con Apostilla de la Convención de La Haya.

 

2. Testamento en España. Testamento fuera de España con Apostilla

 

En el caso de que el fallecido hubiere otorgado testamento en España, será necesario obtener una copia autorizada del documento expedida por el notario español ante el cual se otorgó, o por el notario que en la actualidad tenga su protocolo.

 

Si hubiere otorgado testamento en su país de residencia, será necesario obtener copia auténtica de dicho testamento con Apostilla de la Convención de La Haya.

 

3. Escritura de declaración de herederos con Apostilla

 

Si la herencia se hubiese aceptado ya por los herederos en el país de residencia del fallecido, necesitaremos obtener copia auténtica de dicha escritura con Apostilla de la Convención de La Haya.

 

4. Pasaporte o documento de identidad de los herederos

 

Los herederos deberán presentar su pasaporte o documento de identidad a efectos de identificación ante notario en España, en el momento de otorgamiento por dichos herederos de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia en España.

 

5. NIE (número de identificación fiscal para extranjeros) de los herederos

 

Se trata de un número personal, único y exclusivo que se asigna a los extranjeros que por sus intereses económicos, profesionales o sociales se relacionen con España, a efectos de su identificación.

 

6. Pasaporte y NIE de la persona fallecida

 

7. Escritura de compraventa del bien en España

 

En el caso de que el fallecido ostentase la titularidad de un bien inmueble en España, sería conveniente facilitar una copia de la escritura de compraventa de dicho bien para su identificación e inclusión en la posterior escritura de aceptación y adjudicación de herencia en España, a otorgar por los herederos ante notario público español.

 

8. Copia de algún recibo de IBI o basura pagado en España, aunque sea antiguo

 

De esta manera podremos identificar el bien a efectos de Catastro y averiguar si existe alguna deuda pendiente de pago relativa a los conceptos de IBI o basura en España.

 

9. Saldo de la/s cuenta/s bancaria/s en España a la fecha del fallecimiento   

 

Si el fallecido tenía cuenta en una entidad bancaria en España, es necesario obtener un certificado a emitir por la entidad acreditativo del saldo de la cuenta a la fecha de la defunción. Dicho certificado será incorporado a la firma de la escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia en España.

 

10. Ficha técnica y permiso de circulación del vehículo

 

En el caso de que el fallecido fuese propietario de un coche en España, este formará parte de la herencia, por lo que será necesario aportar Ficha Técnica y Permiso de Circulación del vehículo en España.

 

Si necesita asesoramiento relativo sobre la documentación necesaria para otorgar una Escritura de Aceptación y Adjudicación de herencia ante notario en España, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de abogados y economistas de Welex le facilitará el asesoramiento jurídico y fiscal necesario.

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El lugar de comisión del delito como principio básico para la atribución de competencia en España. Abogados penalistas en Marbella le informan.

Por Welex, su abogado para asistencia detenidos en Marbella especializados en Derecho Procesal Español.

De todos los juzgados de instrucción en España, cómo se determina el competente para la instrucción de un hecho en un partido judicial?. Es la conocida como competencia territorial. En las presentes líneas abordaremos el conocido como fórum comissi delicti, o lugar de comisión del delito como principio básico para la atribución de competencia.

De esta manera, en España, será competente para la instrucción del hecho delictivo el juez de instrucción del lugar donde se cometa el hecho.

Welex, nuestro equipo de abogados especialistas en Penal le ponen a su disposición abogados especialistas en asistencia a detenidos en Marbella

 

Sin embargo, la aparente claridad de este principio de atribución de competencia no está carente de situaciones de conflicto, como los delitos continuados, los cometidos simultáneamente en varios lugares y los cometidos por medios de comunicación social.

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La competencia de los jueces y tribunales en España en el ámbito criminal

¿Ha sufrido Ud. algún delito en territorio español? Ha presenciado la comisión de algún hecho delictivo en España y ¿desconoce dónde pueden estar investigando los hechos?

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Welex, despacho de abogados penalistas en Marbella  puede asistirle en determinar el órgano jurisdiccional competente en España, evitando con ello que la misma adolezca de un vicio de nulidad frustrando con ello sus legítimas expectativas que como víctima o perjudicado pudiera haber sufrido.

En las siguientes líneas, los abogados penalistas de nuestro despacho de abogados en Marbella, le dará una primera aproximación a la competencia, determinando el órgano encargado de la instrucción de los hechos que pudiera revestir caracteres de delito.

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El juez ordinario predeterminado por la ley en España

El sistema judicial Español configura como uno de los pilares esenciales de la Administración de Justicia la determinación del juez ordinario predeterminado por la ley Española, como prepuesto de la jurisdicción y dimanante directamente de la separación de poderes.

Ahondando en esta idea, la constitución Española configura como poder independiente el poder judicial, rubricado en el Título VI de la Constitución española “Del Poder Judicial”, siendo el único poder del Estado al que se le otorga el nombre de poder. Ni el ejecutivo, representado por el Gobierno del Estado, ni el Legislativo, por las cortes generales, gozan de semejante honor.

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El defensor del desaparecido en España

Tiene usted un familiar que ha desaparecido en España del que dependa algún bien o derecho? Existen intereses en España de un familiar desaparecido cuyo negocio no pueda desatenderse sin prejuicio grave?

 

Nuestro despacho de abogados en Marbella puede asistirle del nombramiento de un defensor desaparecida en España a fin que este atienda los derechos legítimos de esta persona.

 

Contacte los abogados de Welex, su despacho de abogados en Marbella especializado en litigios en España.

 

 

El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria, el Secretario judicial nombrará persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.

 

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El desahucio por precario

El procedimiento de desahucio por precario, establecido ya en la regulación decimonónica de la ley de enjuiciamiento civil de 1881, preveía un procedimiento para producir el lanzamiento de aquella persona que se encontraba en situación o bajo la condición de precarista (art. 1565 LECA).

A título ilustrativo, nuestro Tribunal Supremo ha venido a dotar de definición el concepto jurídico de precario dado que no posee definición legal, (STS sentencias de 13 de abril de 2011 y 13 de junio de 2006) señalándola como “aún cuando la figura jurídica del precario carece de una definición legalmente establecida.

La jurisprudencia ha ido perfilando la misma, hasta dejarla cristalizada como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad dependerá el poner fin a su propia tolerancia, para lo cual deberá, al deducir la demanda, acreditar un título suficiente legitimador de su acción, mientras que al precarista demandado le incumbe demostrar la tenencia de algún título que le vincule con el objeto o con el demandante, justificando así su permanencia en el goce de la finca”.

Así, entendemos al precarista como aquél que carece de título para la ocupación de la finca, bien por hallarse extinguido, bien por no haberlo ostentado nunca, configurando la posesión precaria como aquella posesión graciosa, ignorada o, incluso inconsentida del titular dominical o de aquella persona que ostentase algún derecho a la misma que no afecta a la posesión del artículo 444 Cc (STS 22 oct. 1987; 30 oct. 1986 entre otras).

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Concurso de acreedores, ¿qué es y para qué sirve?

¿Qué finalidad tiene el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores digamos que es la herramienta que ayudará o por lo menos, lo intentará, al negocio a que continúe estando vigente. La empresa que tiene las deudas buscará soluciones para hacer frente a esos pagos que tiene con los acreedores e intentará así salir adelante.

Concurso de acreedores: ¿Cómo funciona?

Para declarar le concurso de acreedores, tanto por personas físicas como empresas, se debe cumplir con unos requisitos legales, demostrando además que la situación de insolvencia es real, y que por tanto no se puede hacer frente a los pagos.

Dicha solicitud se realizará en el juzgado mercantil, de dos maneras:

  1. Solicitud voluntaria: siendo la propia persona física o empresa quien la realiza.
  2. Solicitud Forzosa: en este caso nace de un acreedor o socio.

Es el juez quien decidirá si aprobarla o no, si prospera, es entonces cuando se publica el concurso de acreedores en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

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